Los cambios en Seguridad
generan Inseguridad

marzo 2012

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, designó a cargo de la estratégica secretaría de seguridad, al militar retirado Sergio Berni en reemplazo de la docente de la Facultad de Derecho y ex Fiscal del caso Mariano Ferreira, Cristina Caamaño. La medida significa un claro retroceso, se enmarca en un contexto de endurecimiento del Kirchnerismo para con la protesta social y en la utilización de los recursos de las Fuerzas de Seguridad para realizar tareas de inteligencia sobre los sectores que no comulgan con las políticas oficiales.

La suscripción del Acuerdo de Seguridad Democrática en el año 2009 por parte de la mayoría del espectro político y social, resultó un auspicioso punto de partida para lo que luego fue la designación de la Ministra Garré, quien impulsó en los inicios de su gestión medidas como la designación de Caamaño que ponían bajo la conducción civil al conjunto de las fuerzas de seguridad, el operativo “cordón sur” para acotar la complicidad de poderosos sectores de la Policía Federal con el delito en la ciudad de Buenos Aires, los cambios en los planes de estudio y formación de los agentes y, modificaciones de relevancia en el área de asuntos internos... [seguir leyendo]




Por una Justicia Independiente

La lista “CAMBIO PLURALISTA por una Justicia Independiente” fue el producto del consenso entre distintas tradiciones de la colegiación para -entre otras cosas- promover la independencia y transparencia del Poder Judicial, evitando así que la selección y remoción de jueces sea un resorte al servicio del poder político de turno.

El 33 % de los juzgados criminales federales porteños dependía de la suerte de un concurso que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó de manera amañada y cuestionable.

Para esto resultó imprescindible el voto del Dr. Fargosi que, al convalidar este concurso sospechado de fraudulento y hecho a la medida de aquellos que eventualmente deban ser investigados por su desempeño en el ejercicio de la función pública, burla de manera insoslayable el compromiso adquirido con más del 60% de los abogados de la Ciudad.

El uso de posiciones de poder público para influenciar el proceso de designación de jueces, ofende los principios republicanos, y la transparencia que requiere, el ejercicio de tan importante responsabilidad.

Si el oficialismo pudo conseguir en sólo cinco minutos, que uno de los aspirantes de ese concurso renuncie a ser juez, mejor no imaginar lo que podrán conseguir en las sentencias que afecten derechos de los ciudadanos.

No debe admitirse que quién tiene la obligación moral de representar a los abogados rompa su compromiso con sus electores so pretexto de un supuesto acuerdo político partidario inspirado en la claudicante teoría del “mal menor”.

Y para justificar tamaño desatino deambule por la prensa bajo la tutela de un diputado nacional que pretende usurpar la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura.

El prejuicio es enemigo de la transparencia y la búsqueda de idoneidad que deben caracterizar el procedimiento de selección de magistrados. No hacemos aquí juicio alguno sobre las calidades y condiciones de los concursantes. No podemos hacerlo, porque el Consejo de la Magistratura nos vedó esa posibilidad al preferir el oportunismo a la verdad.

Es urgente, entonces, que se habiliten las instancias que permitan que los justos no paguen por los pecadores, que los futuros jueces no carguen con los reproches que les corresponden a quienes abusaron de procedimientos y representaciones.

Desde “ABOGADOS PLURALISTAS” mantenemos ese compromiso.